ASCEL demanda al Gobierno de Cantabria por el lobo y reclamará amparo constitucional

SANTANDER, 24 (EUROPA PRESS)

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) ha anunciado este jueves que ha planteado un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Gobierno de Cantabria, conocida el día 15, que desestima el recurso de alzada presentado por esta agrupación contra la resolución para extraer 41 lobos en la comunidad autónoma, publicada tras la salida de la especie del LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial).

El recurso se acompaña de la petición de medidas cautelarísimas (a fin de suspender la ejecución) y además, ASCEL ha anunciado la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Según ha recordado la asociación en un comunicado, el mismo día --el 2 de abril-- que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 1/2025, de prevención de pérdidas y el desperdicio alimentario, el Gobierno de Cantabria publicó la resolución que permite la extracción de lobos, que a su juicio supone "dar muerte a probablemente la mitad de la población de lobos" de la comunidad.

ASCEL considera que dicha Ley 1/2025, en lo que toca al lobo, "constituye la máxima expresión del odio patológico hacia una especie protegida para devaluar el marco de protección de nuestra biodiversidad, anulando el papel de una especie clave al equipararla a un subproducto ganadero, a modo de desperdicio".

"Las enmiendas torticeras originadas por el PP pretenden desmontar toda la normativa sobre protección de biodiversidad en España a través de la desprotección del lobo, volviendo a la España decimonónica y a la arbitrariedad", ha criticado la agrupación.

Frente a "semejante disparate", ASCEL presentó el 3 de abril un recurso de alzada, paso previo para la actuación judicial anunciada este jueves.

Ante la "rauda respuesta desestimatoria", fechada el 14 de abril, ASCEL acude ahora a los tribunales en un triple sentido "para reivindicar que impere la protección del interés general": con un recurso contencioso administrativo, donde discute la decisión del Gobierno de Cantabria de matar 41 lobos; la petición de suspensión de las acciones de control letal de lobos mediante consideración de medidas cautelarísimas/cautelares (urgentes) para evitar "pérdidas irreparables" en la población de lobos mientras se dirime el proceso; y advirtiendo que emplazará al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para elevar cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley 1/2025, en lo tocante al lobo, al propio Tribunal Constitucional.

Mientras el coletivo espera que el Gobierno de España "actúe sin demora" presentando recurso de inconstitucionalidad --a la espera de la decisión del Defensor del Pueblo o del Grupo Parlamentario Socialista--, ASCEL "hace lo que está en su mano, tras acreditar no uno, sino demasiados motivos para actuar de este modo, puesto que la Ley de desperdicio del lobo es insostenible" a su juicio.