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Cantabria 24-04-2025 13:30

Susinos y Serdio, "tranquilos" ante las denuncias de ecologistas porque actúan "con la ley en la mano"

La consejera de Ganadería de Cantabria, María Jesús Susinos, y el director general de Biodiversidad, Ángel Serdio, se muestran "tranquilos" ante los recursos y actuaciones judiciales de las asociaciones ecologistas a raíz de la autorización y ejecución de la orden para extraer 41 lobos en la región en base al plan de gestión del cánido y tras su salida del LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial).

Ambos están "tranquilos porque están actuando con la ley en la mano", según ha indicado la Consejería en una nota remitida a los medios, después de conocerse, este jueves, la última denuncia contra los dos: de Ecologistas en Acción y por presunta prevaricación y un posible delito contra la fauna.

Además, desde el departamento aseguran que van a continuar con la hoja de ruta marcada, porque "es imprescindible realizar el control poblacional del lobo para garantizar la adecuada coexistencia con los ganaderos y sus animales, ante la situación insostenible que viven día a día", argumentan.

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación se ha pronunciado en estos términos tras los recursos y actuaciones judiciales de agrupaciones como Ecologistas en Acción, que ha denunciado ante la Fiscalía de Cantabria a Susinos y Serdio por supuestos ilícitos e irregularidades en la autorización y ejecución de la orden para eliminar lobos, publicada el 2 de abril y que ha empezado a materializarse ya en Polaciones y Campoo.

En concreto, responsabilizan al director de Montes y Biodiversidad de haber dictado la resolución que establece la caza de 41 ejemplares "antes" de que entrara en vigor la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, por la que el lobo salió del LESPRE.

Además, recriminan a la consejera que no haya resuelto el recurso de alzada presentado por esta asociación ni se haya pronunciado tampoco sobre la solicitud de suspensión cautelar de la orden interesada, "ignorando el riesgo de daño irreversible a una especie protegida".

Por su parte, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) también denunció a principios de mes a Serdio ante el ministerio público por un presunto delito de prevaricación a cuenta de dicha resolución. La Fiscalía ha indicado a Europa Press que ha recibido y está estudiando esta denuncia.

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