Arasti defiende "las ventajas" de la fusión entre Sogarca e Iberaval, basada en "datos inobjetables"

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti (PP), ha defendido que la fusión de las sociedades de garantía recíproca Sogarca e Iberaval está basada en "datos inobjetables" y "va a suponer una "ventaja muy importante" ya que "va a facilitar extraordinariamente el acceso al crédito", sobre todo para pequeñas y medianas empresas y autónomos de la región.

Así ha respondido al ser cuestionado este miércoles por dicha fusión, anunciada este martes por el Ejecutivo regional tras ser aprobada por los consejos de administración de ambas sociedades; una alianza que, según indicó el Gobierno, contará con una base financiera "sólida", resultado de la integración de los más de 110 millones de euros de capital social que actualmente posee Iberaval, a los que habría que añadir los 16 millones aportados por la cántabra Sogarca.

Como prueba de esos "datos inobjetables" que, a su juicio, avalan esta operación, ha señalado que Iberaval en La Rioja ha conseguido crédito avalado por valor de 38 millones y en Ávila por 20, mientras que en Cantabria Sogarca lo ha hecho por cuatro, esto es, nueve y cinco veces menos, respectivamente.

Además, ha subrayado que la decisión está basada en los informes que se han realizado previamente por la Administración y ha recordado que el acuerdo ha sido adoptado por unanimidad de los consejos de administración de ambas sociedades, y ha sido apoyado por la CEOE, por las Cámaras de Comercio de Cantabria y de Torralavega, la Asociación Cántabra de Empresa Familiar y las asociaciones de autónomos. "Cuenta con el respaldo de todo el tejido empresarial", ha enfatizado.

La nueva entidad resultante operará de manera presencial en Castilla y León, La Rioja, Galicia, Madrid y, una vez se culminen los trámites legales y administrativos necesarios, también en Cantabria.

Tras la aprobación por parte de los consejos de administración se prevé que el proyecto común de fusión culmine en un plazo aproximado de dos o tres meses, conforme a los plazos que barajan ambas entidades.