Pascual critica que el anteproyecto de la Ley de Medicamento se haya aprobado "sin diálogo" con CCAA y el sector

El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual, ha criticado la aprobación "unilateral" del anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, una decisión que se ha tomado "sin diálogo previo" con las comunidades autónomas y el sector, "claves" en este tema.

Para Pascual, la forma de actuar del Gobierno central está "reiteradamente alejada de cualquier principio de cogobernanza y transparencia" lo que, en su opinión, "pone en riesgo y debilita el Sistema Nacional de Salud y genera una enorme inseguridad jurídica, técnica y económica".

"Desde el Gobierno de Cantabria exigimos que se frene esta tramitación precipitada, se convoque urgentemente al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y se escuche tanto a las comunidades autónomas como al conjunto del sector farmacéutico", ha afirmado en un comunicado el consejero cántabro.

A su juicio, "una reforma de esta magnitud no puede hacerse desde un despacho en Madrid". Además, ha denunciado que la reforma "parece plantearse contra todas las partes y poniendo en peligro la calidad del sistema sanitario, el bienestar de los pacientes y el futuro del empleo en el sector".

CONSENSO DE LAS PARTES

Según el consejero, las comunidades autónomas son "las verdaderas responsables de la gestión farmacéutica" en el SNS, y sus equipos técnicos conocen "de primera mano las complejidades de la dispensación, la sostenibilidad del gasto y las necesidades reales de los pacientes".

Sin embargo, ha lamentado, el Gobierno de España "ha decidido ignorarlas por completo", al igual que ha hecho con los profesionales sanitarios, las farmacias, los distribuidores y la industria farmacéutica, ha añadido el consejero cántabro del PP.

RECHAZO UNÁNIME A SISTEMA DE PRECIOS

Por otro lado, ha señalado que el nuevo sistema de precios seleccionados incluido en el anteproyecto "ha provocado ya una respuesta unánime de rechazo por parte de todo el sector".

Así, Pascual se ha referido a organizaciones como Farmaindustria, Aeseg, Biosim, Fedifar o el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, que han advertido que este modelo supone "un cambio radical" que según ha advertido "podría provocar desabastecimientos, discontinuidad en los tratamientos, y una grave afectación al tejido industrial y a la capacidad productiva del país".

"El impacto de esta reforma no solo es sanitario, sino también económico", ha explicado Pascual, que ha apuntado que la propia patronal del sector ha considerado que la norma "amenaza con frenar la inversión, destruir empleo y poner en peligro la autonomía estratégica industrial que el propio Gobierno decía defender hace apenas unos meses".

Ha señalado que España cuenta con más de 100 plantas de producción de medicamentos, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas que fueron clave durante la pandemia y que "ahora ven amenazada su viabilidad".

Para concluir, ha denunciado que la reforma además "introduce de forma encubierta un sistema de copago evitable, que añade complejidad a la gestión de la prescripción y puede tener consecuencias directas sobre la adherencia a los tratamientos y la salud de los pacientes".