Gestha estima que la reforma de la financiación autonómica debería incrementarse en 16.000 millones más

Con estos recursos que estiman los técnicos de Hacienda, sumados a los 23.119,45 millones adicionales que han aumentado las entregas a cuenta entre 2023 y 2025, se podría alcanzar un aumento total de 60.000 millones de euros para las CCAA respecto a 2023, un 32% más, y rondar los 250.000 millones para que las cuentas públicas regionales no incurran en déficits de financiación estructurales y puedan reducir el endeudamiento.

Para los técnicos del Ministerio de Hacienda, la magnitud de las cifras que manejarán las comunidades debe exigir su corresponsabilidad con los ingresos tributarios y la estabilidad de las cuentas públicas regionales.

En concreto, por el lado de los ingresos, Gestha considera necesario reforzar la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas mediante reglas comunes que aseguren que las decisiones fiscales adoptadas por cada territorio, ya se refieran a tipos impositivos, bases tributarias o a la eficacia en la gestión y el control del fraude, tengan un reflejo directo en su financiación.

En este sentido, Gestha ha recordado a través de un comunicado la posición mayoritaria y reiterada de las diferentes personas expertas en la financiación autonómica y en la fiscalidad que han concluido en sus propuestas que haya un nivel mínimo de imposición de los impuestos cedidos que supere el dumping fiscal entre CCAA, evitando dinámicas de competencia fiscal desordenada y permitiendo el ejercicio de la capacidad normativa autonómica dentro de un sistema común.

Por el lado de los gastos públicos, los técnicos de Hacienda recuerdan que las CCAA de régimen común son responsables del 36,3% del gasto total de las Administraciones Públicas, por lo que consideran imprescindible reforzar los compromisos de estabilidad presupuestaria, así como la eficiencia y transparencia en la ejecución de los gastos e inversiones públicas, garantizando su rentabilidad social y sometiéndolos a un control de la ejecución del gasto reforzado y eficaz.

En relación con el criterio de ordinalidad, Gestha ha señalado que no es un principio constitucional, ni se regula en la normativa vigente de la financiación autonómica. Precisamente, Gestha ya alertó de que el criterio de ordinalidad presentaba riesgos de inconstitucionalidad, y el reto de la negociación es mantener los importes los mecanismos del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales que garantiza un nivel mínimo de prestación de los servicios públicos fundamentales en todas las CCAA.