El segundo día de huelga de jueces y fiscales vuelve a tener un seguimiento de más del 60% en Cantabria

En toda España ha sido secundada este miércoles, hasta las 12.00 horas, por siete de cada diez togados llamados a parar, lo que supone un ligero descenso respecto al 75% del martes.

Sin embargo, el ministro del ramo, Félix Bolaños, ha cifrado en un 28,75% el seguimiento del primer día. En concreto, ha dicho que un total de "exactamente cero" personas han comunicado a Justicia que han realizado huelga.

Los convocantes -todas las asociaciones profesionales de jueces y fiscales menos dos- han explicado que la estimación de seguimiento se fundamenta en los correos electrónicos "voluntarios y confidenciales" recibidos de compañeros que han comunicado su decisión de secundar la huelga.

También han reiterado que lamentan "profundamente" que, "por parte del Ministerio de Justicia, no se haya adoptado ninguna medida para evitar esta situación ni se haya dado respuesta a las reivindicaciones planteadas".

No obstante, confían en que, "gracias a la planificación de los servicios mínimos esenciales" establecidos por el propio comité de huelga, "el impacto directo sobre la ciudadanía haya sido limitado, garantizando en todo momento la atención urgente e inaplazable".

HUELGA CONTRA LAS REFORMAS

Esta medida de protesta es contra las reformas anunciadas por el Gobierno del acceso a ambas carreras y de la Fiscalía, al considerar que suponen un ataque a la independencia judicial y, por ende, al Estado de Derecho.

La huelga ha sido convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Es decir, por todas menos dos: Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Las primeras comenzaron su protesta convocando un paro de 10 minutos el pasado 11 junio, al que siguió la concentración del pasado sábado ante el Tribunal Supremo (TS).

Las cinco asociaciones anunciaron huelga el pasado 17 de junio y ofrecieron desconvocarla si el Ejecutivo retiraba las reformas, algo que el Ministerio de Justicia rechazó, como ya les avanzó en la reunión que mantuvieron días antes, el 4 de junio, con el secretario de Estado Manuel Olmedo.

Los convocantes alertan de que las reformas anunciadas minarán la independencia judicial y, con ello, el Estado de Derecho. Entre sus principales críticas están el "riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales" y que se "va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para la formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración".

Respecto a la reforma de la Fiscalía, para adaptarla al cambio de jueces a fiscales instructores, las cinco asociaciones advierten de que "se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo" y "sin contrapesos" suficientes.

El CGPJ celebró un Pleno extraordinario el pasado jueves para analizar el anuncio de huelga y resolvió por unanimidad que el ejercicio de derecho a huelga de los togados carece de soporte normativo, "por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria" ni fijar servicios mínimos. Pese a ello, el CGPJ no contempla imponer ningún tipo de sanción disciplinaria a quienes participen en el paro.

Se trata de la sexta huelga de togados. La primera fue en 2009, con el socialista Mariano Fernández Bermejo en el Ministerio. A esa siguieron otra más ese año con Francisco Caamaño (PSOE); una en 2013, con Alberto Ruiz-Gallardón (PP); y dos en 2018, con Rafael Catalá (PP) y Dolores Delgado (PSOE); por lo que Bolaños se suma así a la nutrida lista de ministros de Justicia que soportaron la medida de fuerza.