Defensas de la trama de Obras piden a la jueza ratificaciones periciales y otras diligencias

La vista, contemplada en la ley del tribunal del jurado, se ha llevado a cabo después de que la titular de ese órgano judicial transformase en este procedimiento las diligencias previas que se siguen contra once personas y cuatro empresas por la supuesta adjudicación irregular de contratos por parte de un funcionario -que fue jefe del Servicio de Carreteras- a varios constructores de la región.

Partes conocedoras del caso han indicado a Europa Press que tras la petición de esas diligencias, la jueza podría dictar resolución y dar traslado a las partes personadas para el trámite de conclusiones y calificar los delitos que se hayan podido cometer (entre ellos, y a priori, fraude en la contratación y cohecho, que son competencia del jurado, así como también lo serían falsedad documental y blanqueo de capitales, por ser ilícitos "conexos" a los anteriores).

Al transformar el procedimiento, la jueza emplazó a los investigados, a la Fiscalía y a las demás acusaciones personadas -entre ellas el Gobierno de Cantabria- a la comparecencia que prevé la Ley del Jurado para concretar la imputación, que se ha celebrado este viernes y en la que las defensas han pedido algunas diligencias.

Días antes, entre finales de abril y mediados de mayo, tomó declaración a testigos e investigados -tanto a personas físicas como jurídicas, algunas de las cuales se acogieron a su derecho a no declarar-.

IMPLICADOS

El procedimiento se inició en octubre de 2022 y de una instrucción que se ha venido prorrogando por periodos de seis meses, acompañada de un refuerzo a la magistrada por los picos de actividad de este asunto, según las diligencias que se piden y se practican.

La causa se destapó en febrero de 2023 y el principal investigado es el que fuera jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas, el funcionario Miguel Ángel Díaz, presunto cabecilla de la red. Estuvo encarcelado seis meses y fue apartado de su puesto de trabajo en la Consejería.

Se le atribuyen delitos de cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental, que podrían suponer hasta seis años de cárcel cada uno de ellos.

En la trama estarían también involucradas su mujer e hijas y responsables de cuatro empresas del sector en la región que igualmente están siendo investigadas: Rucecan, Api Movilidad, Cannor y La Encina.

PIEZA SEPARADA EN GESVICAN

Durante la instrucción de esa causa se ha abierto una pieza separada del caso, por presunto fraude en la contratación pública y cohecho, que dirige el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santander.

Entre los investigados en este segundo supuesto figura personal de la empresa Gesvican, dependiente de la misma Consejería del Gobierno regional.