El deterioro institucional y la responsabilidad de la sociedad civil J. Crespo

Tengo la sensación, cada vez más difícil de combatir, de que España atraviesa una crisis institucional profunda. Una crisis educativa, de seguridad, sanitaria, de convivencia y, sobre todo, de gestión de los servicios públicos. Y lo verdaderamente preocupante es que buena parte de nuestras instituciones parecen sostenerse gracias al extraordinario compromiso de profesionales cada vez más agotados, desautorizados y arrinconados.

Los acontecimientos de estos días resultan desoladores. Los graves disturbios de Bilbao y Barcelona, las denuncias sobre la actuación tardía o insuficiente de las fuerzas del orden, la aparente incapacidad para proteger adecuadamente los bienes públicos y privados, la crisis de Ceuta, y ahora, otro gravísimo accidente ferroviario. A ello se suman unas listas de espera sanitarias difícilmente aceptables, unos resultados educativos similares a los de países en vías de desarrollo y un largo etcétera imposible de enumerar. Y la progresiva pérdida de valor del mérito y de la competencia técnica frente a la afinidad política y las relaciones personales.

A todo ello añadiría dos cuestiones especialmente graves: la creciente opacidad en la gestión de los servicios públicos y la corrupción, que uno empieza a temer que esté dejando de ser una sucesión de episodios aislados para adquirir características sistémicas. No afirmo que toda la administración esté corrompida, ni mucho menos. Pero resulta inquietante que tantas decisiones, nombramientos, contratos y responsabilidades parezcan cada vez más difíciles de explicar, conocer o fiscalizar. La transparencia no debería ser una concesión graciosa del poder, sino una obligación elemental de quien administra recursos que pertenecen a todos.

Pero hay algo que me preocupa todavía más. Mi sensación no es que no haya nadie al mando. Eso, paradójicamente, sería menos grave. España dispone de magníficos profesores, ingenieros, investigadores, médicos, jueces, policías, funcionarios y profesionales de prácticamente cualquier disciplina, capaces de mantener funcionando buena parte del país incluso en circunstancias muy adversas. Lo que verdaderamente me inquieta es la percepción de que quienes están al mando no solo desoyen a esos profesionales, sino que, en demasiadas ocasiones, toman decisiones en dirección contraria a sus conocimientos, experiencia y recomendaciones.

Y cuando la competencia deja de ser un requisito para dirigir, el mérito se convierte en un inconveniente, la lealtad política pesa más que la capacidad profesional y la transparencia se interpreta como una molestia, las instituciones terminan debilitándose, aunque sus trabajadores continúen dando lo mejor de sí mismos.

No sé si España está realmente al borde del colapso. Probablemente sea una expresión excesiva. Pero cada vez me resulta más difícil distinguir entre un sistema que funciona gracias a quienes lo gobiernan y otro que sobrevive a pesar de cómo se gobierna. Y esta reflexión me preocupa especialmente porque, por naturaleza, soy una persona profundamente optimista.

Sin embargo, hay una última cuestión que me parece todavía más importante y que nos afecta directamente a nosotros. ¿Y la sociedad civil? ¿Vamos a seguir contemplando todo esto en silencio? ¿Nuestra única responsabilidad democrática consiste en depositar una papeleta en una urna cada cuatro años?

¿No tenemos también la obligación de exigir explicaciones, defender la independencia de las instituciones, reclamar transparencia, denunciar los abusos y reivindicar que la competencia y el mérito vuelvan a ser criterios fundamentales para gestionar lo público? No hablo de militancia partidista ni de sustituir unas lealtades políticas por otras. Hablo de recuperar una ciudadanía exigente, crítica, independiente y comprometida con sus instituciones. Una sociedad que no confunda la prudencia con el silencio ni la neutralidad con la indiferencia.

Porque quizás debamos empezar a reconocer algo incómodo: el deterioro institucional no es únicamente responsabilidad de quienes gobiernan. También puede prosperar cuando quienes tenemos la capacidad y la libertad de exigir responsabilidades renunciamos a hacerlo. Y esa es, posiblemente, la pregunta que más me preocupa: ¿hasta cuándo vamos a seguir confiando en que los buenos profesionales compensen, con su esfuerzo y su silencio, los errores de quienes toman las decisiones?

Ser optimista no consiste en negar los problemas, sino en creer que todavía podemos corregirlos. ¿Votar cada cuatro años es suficiente?