El contrato de los trenes de Cantabria y Asturias `que no cabían por los túneles` supuso un sobrecoste de 20 millones

Modificar el contrato de los trenes de Renfe para Cantabria y Asturias `que no cabían por los túneles` por incumplir el gálibo supuso un sobrecoste cercano a los 20 millones, según un informe del Tribunal de Cuentas, que ha censurado prescripciones técnicas "de imposible ejecución" que se podrían haber resuelto mirando la base de datos.

En este informe del organismo presidido por Enriqueta Chicano se analiza cómo se prepararon, adjudicaron y ejecutaron los contratos suscritos por Renfe Viajeros para la adquisición de 31 trenes de ancho métrico para Cantabria y Asturias, así como su adecuación a los principios de legalidad, eficiencia y buena gestión.

Respecto al sobrecoste que implicó el error, en el informe de Cuentas, consultado por Europa Press, se señala que, inicialmente, el contrato de suministro por parte de CAF de esos 31 trenes de ancho métrico para ambas comunidades ascendía a 162,24 millones de euros (más IVA).

Sin embargo, el problema surgido obligó a una modificación de 19,35 millones, hasta los 181,6 millones, un 11,93 por ciento más.

De ese sobrecoste de 19,35 millones, más de 13,8 están relacionados con el propio suministro de los 31 trenes; 4,2 por "trabajos de reingeniería" y 1,3 por "prestaciones adicionales".

El caso de los trenes que no cabían por los túneles saltó a la luz pública en febrero de 2023, si bien el desecadenante radica en 2019, cuando Renfe publicó los pliegos del contrato para la adquisición de los trenes que, según determinó posteriormente la auditoría encargada por el Ministerio de Transportes, y que se conoció en marzo de 2024, contenían información errónea de las medidas de estos trenes que ninguna de las empresas que pujó por el mismo fue capaz de encontrar.

El contrato fue adjudicado a la empresa CAF en junio de 2020, en plena pandemia, y suscrito en diciembre de ese mismo año.

LAS CONCLUSIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Lo primero que ha descubierto el órgano fiscalizador es que se produjo un retraso en la ejecución del contrato de los trenes de ancho métrico para estas comunidades.

Dicho retraso, explica el informe, estuvo relacionado con la inclusión por parte del operador en los pliegos de "unas prescripciones técnicas de imposible ejecución".

En concreto, Renfe exigía unos gálibos "incompatibles con las vías por las que ya circulaban unos trenes de su propiedad". Los gálibos ferroviarios son las dimensiones máximas (principalmente de altura y anchura) permitidas para la circulación de los trenes.

El Tribunal de Cuentas espeta que Renfe "podría haber obtenido conocimiento de los gálibos correctos con la simple consulta de sus bases de datos", y reprocha que la empresa tampoco solicitó previamente información a Adif durante la preparación de los pliegos, circunstancia que para el Tribunal "pone de manifiesto una significativa falta de diligencia en su gestión que tuvo importantes consecuencias".

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL "NO AJUSTADA A DERECHO"

El informe apuntala que Renfe conoció en febrero de 2021 la imposibilidad de aplicar los gálibos exigidos en los pliegos a partir de la información recibida de Adif. Sin embargo, "no resolvió el contrato" como estaba previsto y en noviembre de 2024 formalizó una modificación contractual "no ajustada a derecho" amparada en un informe jurídico "con importantes carencias en su motivación".

Dicha modificación contractual es la que supuso ese incremento de 19,4 millones de euros.

Además, en el informe del Tribunal de Cuentas, se indica que, cuando en febrero de 2023, y tras saltar a la luz lo ocurrido, el MITMA firmó el acuerdo con Asturias y Cantabria reconoció que, a esa fecha, no se había construido ni proyectado ningún tren "afirmando, asimismo, que no se había incurrido en ningún gasto público en relación con él, y puso de manifiesto que era necesario elaborar, junto a la empresa adjudicataria del contrato, un calendario detallado de los trabajos a realizar y las entregas de los trenes".

Además, según se señala en el informe de Cuentas, hay que tener en cuenta que en el acuerdo que el MITMA, entonces liderado por Raquel Sánchez, suscribió con los presidentes de Cantabria, que entonces el regionalista Miguel Ángel Revilla-- y de Asturias, Adrián Barbón, el Ministerio, entre otras cuestiones, se comprometió a aplicar la cláusula contractualmente prevista para ampliar el número de trenes en siete más, de manera que el total de unidades pasase a ser 38.

También se comprometió a formalizar nuevos contratos para garantizar la renovación total de la flota de trenes en ambas comunidades y, adicionalmente, garantizó "extender la aportación económica actual para la gratuidad de las cercanías ferroviarias en Asturias y Cantabria más allá del 31 de diciembre de 2023 y hasta la entrega de las unidades de trenes pendientes en el contrato en curso".

Sin embargo, en el informe del Tribunal de Cuentas, se destaca que la modificación del contrato con CAF no contempló el suministro de siete trenes adicionales hasta un total de treinta y ocho, que fue el compromiso asumido por el MITMA en el convenio suscrito con Asturias y Cantabria.

No obstante, el organismo fiscalizador indica que el ejercicio de la opción de compra de unidades adicionales de trenes se formalizó finalmente el 7 de febrero de 2025 por un precio de casi 37,2 millones (más IVA), alcanzando así el contrato un importe total de 218,78 más IVA.

Según el informe de Cuentas, "los trenes deberán ser entregados a partir del día 31 de julio de 2028, como máximo, y en un plazo que se extenderá hasta el día 15 de noviembre de 2028, inclusive".