Cantabria ha eliminado 20 lobos en el Plan de Gestión en 2026 y 58 desde abril de 2025
Cantabria ha eliminado do en lo que va de año 20 lobos de los 35 permitidos conforme al Plan de Gestión del Lobo previsto para 2026, de los que 16 son machos y cuatro hembras.
La Consejería de Ganadería ha dado a conocer este jueves los datos de extracciones realizadas en el marco del citado Plan, así como desde que comenzó a realizar controles de población al salir el lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especia (LESPRE), en abril de 2025, periodo en el que total de ejemplares asciende a 58.
Del total de lobos extraídos por los agentes del Medio Natural en lo que va de año, seis lo han sido en la zona de Campoo (dos en Campoo de Enmedio, Campoo de Suso, Campoo de Yuso, Valdeolea y Valdeprado del Río), tres en Soba, dos en Arenas de Iguña y otros dos en San Pedro del Romeral; además de un ejemplar en Los Tojos, Ruiloba, Rionansa, Tudanca, Guriezo, Herrerías y Cillorigo de Liébana.
Desde que entró en vigor el nuevo cupo el pasado 1 de junio, se ha llevado a cabo la extracción de 15 ejemplares, concretamente 13 machos y dos hembras.
Es decir que, a fecha de hoy, se han extraído 12 ejemplares de la zona 1, la considerada lobera (en la que hay asignados 20 ejemplares hasta fin de año) y tres en la zona 2 (Herrerías, Guriezo y Ruiloba) donde no debería haber presencia estable de lobo y donde hay asignado un cupo de 10 ejemplares.
En un comunicado, la Consejería ha recordado que el cupo previsto en aplicación del límite del 20% de la población estimada del Plan de Gestión establece un total de 35 animales a controlar hasta finales de este año. Como cinco ejemplares ya habían sido extraídos con posterioridad al 30 de junio de 2026, el cupo hasta final de año se fijaba en 30.
El departamento de María Jesús Susinos ha explicado que desde abril de 2025, nada más salir el lobo del LESPRE, en Cantabria "se ha venido cumpliendo con todas las medidas recogidas en el Plan de Gestión de la especie", entre ellas realizar el necesario control poblacional. Cantabria fue la primera la primera comunidad autónoma en la que se llevaron a cabo extracciones de lobo y, a día de hoy, continúan realizándose.
Desde esa fecha, 58 ejemplares han sido extraídos por los agentes del Medio Natural del Gobierno de Cantabria, que son los únicos habilitados con carácter general para llevar a cabo estos controles.
Por lo tanto, hasta diciembre de 2026, restarían otros 15 animales para llegar al cupo marcado para este año.
La Consejería ha indicado que, si una vez alcanzado el cupo anual persistieran "daños significativos por su intensidad o frecuencia", la Dirección General de Montes y Biodiversidad podrá autorizar extracciones adicionales, que se descontarán del cupo del año siguiente.
DENEGADAS LAS MEDIDAS CAUTELARES PARA SUSPENDER EL CUPO
Por otra parte, el Gobierno ha recordado que, la semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria denegó la medida cautelar solicitada por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) contra la resolución del Gobierno de Cantabria que establece el cupo de extracción. La asociación solicitaba la suspensión temporal de la medida, lo que hubiera conllevado a la paralización del control de la población por parte de los Agentes del Medio Natural del gobierno de Cantabria.
Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en un nuevo auto, el cuarto en este sentido, se ha pronunciado otra vez denegando la medida cautelar solicitada por ASCEL.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha entendido, al igual que en los anteriores autos, que hay que ponderar tanto la conservación del lobo como los intereses socioeconómicos de la ganadería en Cantabria, así como los intereses económicos de las explotaciones individuales.
El Tribunal afirma que los daños a la ganadería se sufragan con recursos públicos, lo que pone de manifiesto la existencia de un interés público general en controlar el importe de los eventuales daños causados por la especie a proteger.
El auto, al igual que en los anteriores, impone las costas a ASCEL por un importe de 300 euros.
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