El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de España a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones

Se trata de una proposición no de ley, presentada por PRC y que ha contado con el apoyo de todos los grupos y la abstención del diputado no adscrito Cristóbal Palacio, en la que la Cámara cántabra manifiesta su compromiso con el mantenimiento, fortalecimiento y mejora del sistema público de pensiones, como uno de los pilares esenciales del estado del bienestar.

También rechaza cualquier proceso dirigido a la privatización total o parcial del sistema público de pensiones o a la sustitución, total o parcial, de las prestaciones públicas por sistemas obligatorios de capitalización individual o privada.

La diputada del PRC Paula Fernández ha defendido que las pensiones son "básicas, dignas y fundamentales" y "no se pueden medir en base a la marcha de la economía de un país".

Según ha indicado, en Cantabria, hay 150.548 pensionistas con una pensión media de 1.443 euros mensuales, lo que supone más de 217 millones de euros al mes. "¿Saben lo que significan esos 217 millones de euros en nuestra comunidad? Significan que el comercio de un pueblo no echa la persiana", ha dicho.

Por ello, la regionalista ha señalado que los cántabros "merecen saber la verdad", por lo que ha exigido "claridad" al Gobierno autonómico y a su grupo parlamentario en cuanto al "compromiso real" del PP "si mañana necesitan los votos de Vox para gobernar". "¿Qué parte de las pensiones públicas van a poner encima de una mesa de negociación?", ha cuestionado.

"Las pensiones de los cántabros no se tocan", ha sostenido Fernández, que ha apuntado que "el sistema de pensiones, gobierne que en gobierno, va a ser deficitario, pero hay que aguantarlo, hay que blindarlo, hay que protegerlo y hay que cuidarlo".

Mientras que el portavoz del PP, Juan José Alonso, ha mantenido que las pensiones son "innegociables" y ha señalado que es un tema que "preocupa" a su grupo, como consecuencia de "las malas políticas socialistas".

"Las pensiones se pagan con más empresas, se pagan con más productividad, se pagan con actividad económica, con mejores salarios, dejando de gastar en aquello que es supuerfluo e innecesario, con buena gestión, con decencia y con honradez en el Gobierno y, para eso, sin duda hace falta un Gobierno que genere confianza empresarial, que respete las instituciones y la separación de poderes, y que presente presupuestos en tiempo y forma", ha indicado.

Por su parte, la diputada del PSOE Ana Belén Álvarez ha respaldado que la sanidad pública, la educación de calidad y un sistema público de pensiones es lo que va a garantizar la igualdad a todos los ciudadanos del país y el estado de bienestar.

Asimismo, ha afirmado que "a día de hoy las pensiones están garantizadas con el IPC real" y ha apostado por "seguir fortaleciendo el sistema público de pensiones y seguir blindando la solidaridad entre generaciones".

Finalmente, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha asegurado que "Vox jamás ha hablado de privatizar las pensiones" y, si su partido gobierna, las pensiones en España "se van a pagar sea como sea, sí o sí, y por el sistema que sea necesario".

Así, ha apostado por unas pensiones "dignas" para el descanso y el bienestar de loa mayores, "y no para tener que mantener a los hijos y a los nietos en paro que han tenido que volver a recibir en casa porque los jóvenes ya no pueden pagar una vivienda".

'NO' DEL PARLAMENTO A LA PRIORIDAD NACIONAL DE VOX

En otro orden de cosas, Vox se ha quedado solo en su moción para exigir al Gobierno regional que garantice el criterio de la prioridad nacional a la hora de acceder a una vivienda social y protegida y de recibir ayudas, subvenciones y prestaciones públicas.

La moción ha contado con el voto en contra del PSOE y del PRC y la abstención del PP, partido que, aunque está "de acuerdo con que a la hora de repartir ayudas y recursos se tenga en cuenta el esfuerzo, el arraigo y la vinculación con el territorio", cree que el debate que plantea Vox con esta moción, "en las actuales circunstancias", "no es procedente", "no toca" y solo sirve para "enredar" y "distraer".

De hecho, los populares creen que solo sirve para darle "titulares al sanchismo" y facilitarle "el mejor material para que fabrique las cortinas de humo a las que nos tiene acostumbrados".

Además, han defendido que el arraigo "no es un cuestión de origen", sino "de compromiso con España". "Esto no es un debate de los de fuera contra los de dentro y eso es lo que va a hacer que nos abstengamos porque para nosotros la prioridad nacional no es una guerra entre los de fuera y los de dentro, la prioridad nacional es el arraigo, la gente que contribuye al sostenimiento del país", ha subrayado el diputado del PP Alejandro Liz.

Además, ha afirmado que, "en esta hora difícil de España, la verdadera prioridad nacional debiera ser acabar con el sanchismo". "Echar al 'quinquilino' de La Moncloa tendría que ser nuestro objetivo", ha subrayado Liz, que cree que este tipo de iniciativas en este momento sirve para enredar o distraer, algo que "no conviene".

Vox ha considerado "bastante cobarde" la abstención del PP y le ha recriminado que con ese voto "sigue validando que los españoles sean desplazados y discriminados en su propia casa".

Además, el diputado de Vox Armando Blanco ha señalado a los populares que este principio ya está "en marcha" en las comunidades donde PP y Vox son socios y ha advertido que será implementado en Cantabria "más pronto que tarde, cuando pasen las elecciones de mayo de 2027".

"Y ustedes los saben", ha afirmado el diputado de Vox, que ha señalado que ambos partidos "están abocados al entendimiento" porque ambos tienen "el objetivo común de recuperar España del socialismo".

Blanco ha defendido que la preferencia de los nacionales en el acceso a las ayudas públicas "no solo es legítima, sino que responde a un principio elemental de responsabilidad política". "Es inadmisible que se esté relegando a los españoles en la obtención de ayudas sociales, de alquiler o en el propio acceso a una vivienda pública que son entregadas parcialmente a extranjeros mientras se les deniega a los de casa", ha opinado.

A su juicio, prioridad nacional es algo "de un sentido común aplastante" y que pide "la inmensa mayoría de los españoles", incluido los votantes del PSOE.

Por su parte, el PSOE ha calificado de "despropósito" la moción y ha defendido que las ayudas públicas "deben responder a las necesidades de las personas y a los requisitos que establece la ley" y "no a una clasificación ideológica entre quienes merecen protección y quienes, según Vox, deben ponerse al final de la fila".

Además, ha advertido que la iniciativa "representa un paso más en la normalización" de la agenda que plantea Vox y que responde "al manual del buen fascista".

El PRC, por su parte, ha dicho 'no' porque "no comparte en absoluto el criterio de prioridad nacional" que defiende Vox y también por la "indefinición" de la iniciativa.

Los regionalistas ha acusado a Vox de "no aportar soluciones" sino solo de "generar conflicto" y ha defendido que el arraigo "no se demuestra únicamente con el pasaporte", sino con una "vinculación real" con el territorio, con una "residencia efectiva" en él y con la "voluntad de construir un proyecto de vida" en la comunidad.